Serían unos 7.000 en todo el país que piden que el Gobierno dé marcha atrás y vuelva a la ley de movilidad que implicaba subas ya establecidas. Reclaman porque quienes no cobran la mínima se ven perjudicados en cuanto al porcentaje de aumento. Abogados no descartan una ola de juicios.
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Estudio Viera y Asociados 